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“ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO: ¿CAMBIO DE ESCENARIO?”

Tras muchos años de una dura política de contención presupuestaria en materia de gastos de personal, que ha comportado una congelación de las ofertas de empleo público y un correlativo envejecimiento de las plantillas de las administraciones públicas (ya de por sí muy acusado), así como altas tasas de temporalidad y efectos muy perjudiciales sobre la no incorporación de talento joven a las estructuras del empleo público, parece advertirse un cambio de tendencia.

Ciertamente, aunque el escenario de contención fiscal sigue presente, la (relativa) mejora de los datos macroeconómicos y unas expectativas de cierto optimismo sobre el futuro de la economía (aunque siguen abiertas algunas importantes incógnitas), son datos alentadores. Si a todo ello se une que la medida de la congelación de las ofertas de empleo público ha tenido unos efectos claramente nocivos sobre la competitividad de las administraciones públicas en lo que afecta a retención y desarrollo del conocimiento (así como escasos réditos en lo que respecta a la contención real del gasto en materia de personal), todo ese conjunto de factores está comenzando a abrir un proceso de “deshielo (gradual) de la congelación de las ofertas de empleo público” en todas las administraciones públicas y entidades de su sector público institucional.  Ese proceso será imparable.

En efecto, al margen de que se pueda producir alguna recaída puntual en la evolución económica, todo apunta a que en los próximos ejercicio presupuestarios, tendencia que se prolongará por bastantes años, las ofertas de empleo público se van a multiplicar. Por una pura necesidad objetiva. Otra cosa es, en un futuro mediato, qué tipo de plazas se oferten, pues las necesidades de la Administración Pública están en un hondo proceso de transformación y cambio. Sin retorno posible.

Cierto que la tasa de reposición general sigue fijada en el cincuenta por ciento de las vacantes del ejercicio presupuestario anterior, con los criterios de cálculo que prevé la norma presupuestaria (de momento, proyecto cuando esto se escribe). Pero para el ejercicio 2017 (caso de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado) se amplían los ámbitos o sectores prioritarios que pueden alcanzar el cien por ciento de las vacantes. Siguen en pie, además, las medidas de acumulación de vacantes. Pero las grandes novedades que se perciben en el horizonte no están ahí.

En efecto, las primeras respuestas a la crítica situación existente en el empleo público se dan por el intento de la puesta en marcha de procesos de estabilización como consecuencia de la alta tasa de temporalidad existente en el empleo público: Por un lado, se faculta a las administraciones públicas para disponer de una “tasa adicional” de reposición durante los próximos tres años (2017-2019) que puede alcanzar hasta el noventa por ciento de las plazas de una serie de sectores prioritarios indicados en el artículo 19.6 (en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo) del proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado para 2017, siempre que las plazas estén dotadas presupuestariamente y hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016. Los ofertas de empleo que afecten a estos procesos de estabilización deberán publicarse entre los años 2017 a 2019. Y, en las respectivas convocatorias, se deben respetar los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad; pero también cabe presumir que se valorarán los servicios prestados en las diferentes administraciones públicas. No obstante, los procesos de estabilización son “de plazas”. No conviene perder de vista este matiz.

Por otro, se prevé una segunda “tasa adicional” de reposición que tiene como objeto la estabilización del empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del EBEP, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal.

En suma, se abren amplias expectativas (siempre que se apruebe el proyecto de ley de Presupuestos) para la inmediata aprobación de ofertas de empleo público por parte de las distintas administraciones públicas que contengan un número muy amplio de plazas en determinados sectores, que darán lugar a las pertinentes convocatorias de pruebas selectivas. Sin duda serán convocatorias masivas en cuanto al número de plazas, con las dificultades de gestión que este tipo de procesos conlleva y, asimismo, con formatos de pruebas (dado el carácter masivo de aspirantes que se espera) que tendrán singularidad propia. Ciertamente, los macro-procesos selectivos no son el vehículo idóneo para captar talento y marcar la diferencia cualitativa entre diferentes aspirantes. Pero el contexto, derivado de unos largos años de ausencia de convocatorias, condicionará mucho esos procesos. No cabe descartar, igualmente, que puedan dar lugar a una conflictividad jurisdiccional importante.

Pero todo lo anterior no es más que un primer paso en un inevitable proceso de apertura de los procesos selectivos para el ingreso en las Administraciones Públicas que se multiplicarán por necesidades objetivas en los próximos diez años. El envejecimiento de las plantillas del sector público y la pérdida gradual de conocimiento con motivo de las jubilaciones en masa, así como la digitalización de la Administración Pública, la tecnificación de las plantillas y el empuje futuro de la robotización de las tareas mecánicas también en el sector público, provocarán una necesidad de captación de talento joven, con mentalidad adaptativa y transformadora, que aporte valor añadido en el conocimiento que requiere el sector público, así como una sólida preparación profesional y en valores públicos, que definitivamente provea al sector público del siglo XXI de personas con alta vocación de servicio a la ciudadanía y un perfil profesional acreditado y adaptado constantemente a los innumerables cambios que sufrirá en las próximas décadas el sector público.

Las Administraciones Públicas, si quieren ser competitivas institucionalmente, deberán repensar profundamente sus sistemas de reclutamiento y selección para los próximos años. En ello se juegan su futuro y el de la sociedad a la que sirven. En cualquier caso, son buenos momentos para que todas aquellas personas jóvenes, con titulación superior (o que se encuentren en proceso de obtenerla) y con vocación de servicio público, puedan plantearse –al menos como mera hipótesis- un horizonte de ingreso y, en su caso, de carrera profesional en el sector público. Tal como se viene insistiendo, las necesidades objetivas de disponer de ese personal joven y cualificado son (y, sobre todo, serán) evidentes.

La pirámide de edad de las administraciones públicas y la pérdida de conocimiento que implica la jubilación de los funcionarios con mayores responsabilidades y experiencia en los próximos diez/quince años, debe abrir un nuevo escenario no solo en el acceso sino también en la provisión de puestos de trabajo (o carrera profesional: transferir conocimiento y destrezas). La gestión y transferencia del conocimiento se transforma, así, en una política central de los recursos humanos del sector público.

Sin embargo, solo con soluciones nuevas, asentadas exclusivamente en el mérito y la competencia profesional, así como en la interiorización de los valores públicos de quienes accedan de nuevo al empleo público o a las responsabilidades directivas o de gestión, se podrán dar respuestas acertadas. El sector público necesita captar nuevos profesionales con perfiles polivalentes y adaptativos para una nueva Administración Pública al servicio de la ciudadanía que afronte el complejo y variable escenario que se abrirá en la tercera y cuarta década del siglo XXI. Un reto, por tanto, inaplazable. Pero también una ventana de oportunidad.

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One thought on “BLOG

  1. Coincido plenamente, por eso la importancia de la implentación de un sistema de servicio profesional de carrera en las administraciones públicas, en donde se premie al mérito y al logro de los resultados, por encima de la lealtad y la filiación política

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